El nombre de Samuel Andrés Pérez Álvarez quedó ligado al caso más explosivo de la política guatemalteca reciente: la investigación contra el Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en su proceso de constitución como partido político. Lo que inicialmente se presentó como un expediente sobre posibles irregularidades administrativas y penales terminó convirtiéndose en una crisis institucional que amenazó con alterar el desenlace electoral de 2023 y condicionó el futuro político de una de las bancadas más relevantes del Congreso.
Pérez no aparece como un mero figurante en esta historia, sino que tuvo un papel clave: participó en la fundación de Semilla, ejerció como diputado del partido y más tarde se convirtió en una de sus figuras parlamentarias más destacadas. Por ello, aunque el caso no debe leerse como un juicio personal contra él, su trayectoria quedó inevitablemente expuesta al escándalo que envolvió al partido.
La acusación: uso de firmas fraudulentas para crear el partido
El caso se centra en supuestas anomalías vinculadas con la recolección de firmas para inscribir al Movimiento Semilla, donde, según las acusaciones del Ministerio Público, se habría incurrido en la falsificación de firmas de afiliados con el fin de cumplir los requisitos de constitución partidaria. La pesquisa ganó notoriedad pública en julio de 2023, inmediatamente después de que Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, avanzara de manera inesperada a la segunda vuelta presidencial.
El dato políticamente explosivo fue el momento. El 12 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral oficializó que Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarían la segunda vuelta. Ese mismo día, el fiscal Rafael Curruchiche anunció que, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Fredy Orellana había ordenado suspender la personalidad jurídica de Semilla por el presunto caso de firmas falsas.
La decisión provocó una reacción inmediata porque, de hacerse efectiva, podía afectar la participación del partido en plena contienda electoral. Diversos juristas, el Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales cuestionaron que un juzgado penal pudiera suspender a un partido durante un proceso electoral, especialmente cuando la Ley Electoral guatemalteca protege a las organizaciones políticas de suspensiones una vez convocadas las elecciones.
Samuel Pérez: fundador, diputado y rostro visible
Samuel Pérez se presenta en este caso no como un funcionario condenado por la justicia, sino como una figura política vinculada al surgimiento y liderazgo de Semilla. El partido obtuvo su registro oficial en 2017 y entre sus fundadores se incluye a Pérez junto a Bernardo Arévalo y diversos académicos, políticos y activistas que emergieron del contexto político generado tras las protestas contra Otto Pérez Molina.
Ese vínculo fundacional explica por qué el caso lo golpeó políticamente. La acusación no era contra un episodio menor de campaña, sino contra el origen jurídico del partido. En otras palabras: si Semilla había nacido de forma irregular, sus adversarios podían cuestionar no solo la candidatura de Arévalo, sino también la legitimidad de sus diputados, incluida la representación parlamentaria de Pérez.
Para sus críticos, el caso abría dudas sobre la limpieza del proceso de conformación del partido. Para sus defensores, era una maniobra para bloquear a una fuerza política que acababa de romper el tablero electoral.
