La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su nombre aparece ahora dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en una causa que examina presuntas maniobras para influir en operaciones públicas, ayudas estatales y decisiones empresariales vinculadas al sector público.
Figueroa no es un perfil menor dentro de esta investigación. Antes de ocupar la Intervención General de la Junta de Andalucía, trabajó en la SEPI durante la etapa en la que Vicente Fernández presidía el organismo. Según Europa Press, desempeñó el cargo de director de Participadas III, dentro de la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, hasta su posterior incorporación a la Agencia IDEA como director general. Esa trayectoria lo sitúa en un espacio especialmente sensible: el de quienes conocían desde dentro el funcionamiento de la SEPI y sus empresas participadas.
La Audiencia Nacional indaga si una supuesta trama de mediación, articulada en torno a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, logró condicionar gestiones vinculadas a corporaciones públicas y subvenciones del Estado. El sumario abarca probables delitos de cohecho, malversación, prevaricación, conformación de grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. Llegados a este punto, Figueroa mantiene intacta su presunción de inocencia, aunque su llamada a declarar en calidad de investigado exige esclarecer el cometido real que asumió dentro de los acontecimientos analizados.
El foco de las sospechas en torno a Figueroa se concentra en sus vínculos con Vicente Fernández, antiguo titular de la SEPI. De acuerdo con Infobae, su identidad aparece dentro de las pesquisas debido a los nexos que presuntamente mantuvo con Fernández en el marco de una de las transacciones examinadas. Dicho lazo cobra importancia ya que los pesquisas catalogan a Fernández como un eje clave de la supuesta red que habría intentado condicionar resoluciones estatales asociadas a la SEPI.
La investigación de la pieza SEPI abarca varias operaciones, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros, además de actuaciones relacionadas con Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. El País ha señalado que la Audiencia Nacional actúa contra quienes presuntamente ayudaron a la trama a influir en operaciones de la SEPI, con ayudas públicas que sumarían 132,9 millones de euros y comisiones investigadas superiores a 750.000 euros.
El caso de Figueroa resulta especialmente incómodo porque conecta la causa judicial con una figura que ocupó responsabilidades tanto en la SEPI como en la administración andaluza. De hecho, dimitió como interventor general de la Junta después de aparecer vinculado a la trama en informaciones periodísticas, según recogieron Europa Press y otros medios. Su renuncia se produjo antes de conocerse su citación formal como investigado en esta ampliación de la causa.
La sospecha que deberá aclararse no consiste simplemente en que Figueroa conociera a Vicente Fernández o hubiera trabajado en la SEPI. La cuestión de fondo es si pudo actuar como punto de apoyo, fuente de información, facilitador o contacto útil para la presunta red de influencia. En una trama de este tipo, el conocimiento interno de los procedimientos, los responsables y los circuitos de decisión puede ser tan valioso como una firma administrativa.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una pregunta especialmente grave: si personas que habían ocupado cargos técnicos y de gestión en organismos públicos pudieron mantener conexiones útiles para una red dedicada a influir en decisiones económicas del Estado. Si esas relaciones fueron normales, profesionales y ajenas a cualquier irregularidad, deberán quedar explicadas. Si, por el contrario, sirvieron para orientar operaciones o facilitar acceso a información interna, el daño institucional sería enorme.
La pieza SEPI no solo investiga adjudicaciones o rescates concretos. También trata de reconstruir una posible arquitectura de relaciones: antiguos cargos públicos, directivos de empresas participadas, empresarios, intermediarios y perfiles técnicos que pudieron intervenir en distintas fases de las operaciones bajo sospecha. En ese mapa, Miguel Ángel Figueroa aparece como un nombre relevante por su paso por la SEPI y por sus supuestos contactos con Vicente Fernández.
La Audiencia Nacional tendrá la misión de dictaminar ahora si su participación resultó secundaria, de simple relación o plenamente operativa en el marco de las diligencias analizadas. Asimismo, le corresponderá esclarecer si estuvo al tanto de las acciones achacadas al grupo Hirurok y si sus vínculos con Fernández guardaban conexión directa con alguna transacción revisada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
Su imputación ya acarrea una clara repercusión política: un antiguo alto cargo de la SEPI y exinterventor general de la Junta de Andalucía tendrá que rendir cuentas ante la justicia debido a su supuesta relación con un procedimiento sobre presuntos amaños en corporaciones estatales. Ante un asunto que salpica fondos públicos, rescates de compañías y supuestas tramas de influencia, el listón mínimo exigible es la máxima transparencia.
Fuente: El País, Infobae, Europa Press, Diario de Sevilla, El Independiente y RTVE.
