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Un tribunal de Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados la obligación de abonar más de 6,1 millones de dólares a la empresa del consultor político venezolano Juan José Rendón, derivado de un litigio por incumplimiento de contrato. En abril de 2019, una jueza decretó asimismo su arresto por desacato civil, tras su incomparecencia ante la corte.
La disputa legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, popularmente llamado JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo profesional ligado a los proyectos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
En febrero de 2016, Arzú estableció contacto con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que potenciara su figura pública ante una posible postulación presidencial.
La relación terminó en una disputa por el cumplimiento de los compromisos económicos acordados y posteriormente llegó a los tribunales de Estados Unidos.
El pacto político que derivó en un pleito multimillonario
Según los papeles del litigio, el pacto incluía labores de consultoría estratégica e imagen política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú ante una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
Conforme avanzaron las divergencias en torno a los abonos y las prestaciones acordadas, el vínculo entre el político y el asesor se fue deteriorando.
El 11 de octubre de 2018, el tribunal dictó una sentencia que estableció una obligación de pago de US5,5millones,másUS660.594,22 en intereses acumulados, para un total de US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
De este modo, la disputa judicial y económica pasó a ser uno de los pleitos de mayor trascendencia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
En el transcurso de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los documentos judiciales, Arzú no compareció a la audiencia del 17 de abril, pese a una orden emitida previamente el 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución establecía que, en caso de ser detenido, debía ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a rendir una declaración con el fin de agilizar el cumplimiento del fallo.
Es fundamental tener en cuenta que el mandato surgió dentro de un litigio civil debido a un incumplimiento de contrato, por lo que no se trataba de una sentencia de índole penal derivada de una infracción.
El expediente judicial se hizo público en abril de 2019, momento en el que Arzú desarrollaba su campaña para la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
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Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo de la justicia, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el litigio respondía a intereses políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y argumentó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón aseveró que había un acuerdo contractual de por medio y que Arzú no había cumplido con los pagos pactados.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
El escándalo abarcó asimismo diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
En dichos diálogos, dados a conocer dentro de los archivos del pleito, las dos partes conservaban al principio un trato afable.
Sin embargo, los mensajes mostraban un deterioro progresivo del vínculo comercial ante las dificultades para concretar los pagos reclamados.
Las comunicaciones también evidenciaban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que intentaba destrabar las discrepancias financieras.
La divulgación de estas conversaciones aportó nuevos matices al escándalo, sobre todo debido a que el aspirante había defendido de manera pública la inexistencia de un acuerdo formal de servicios.
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Una disputa legal que impactó en su estreno como aspirante a la presidencia
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la opinión pública durante la contienda electoral de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
La disputa expuso diferencias profundas entre las versiones del político guatemalteco y el estratega venezolano sobre la naturaleza del acuerdo, las obligaciones económicas y los servicios comprometidos.
En los archivos judiciales de Florida quedaron asentados tanto un fallo civil como una consiguiente orden de arresto por incumplimiento. A pesar de esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por sí mismos el desenlace de la deuda o de los compromisos financieros.
Este suceso representa uno de los precedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú y se integra dentro de los litigios que marcaron su desembarco en la política presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
