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Keiko Fujimori: qué decidió el Tribunal Constitucional sobre el Caso Cócteles

por Camila Navarro•

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El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por una estrecha diferencia de solamente 49,641 votos frente a Roberto Sánchez. Representa su cuarto intento por alcanzar el máximo puesto de la nación. Arriba al poder cargando con 69 pesquisas fiscales en su legajo —51 de ellas archivadas y 18 vigentes—, proviniendo casi la totalidad del conocido «Caso Cócteles», el proceso judicial centrado en el financiamiento irregular de sus postulaciones en 2011 y 2016, que abarca donaciones admitidas por la constructora brasileña Odebrecht. Dicho expediente repasa las evidencias documentadas a lo largo de su trayectoria pública.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Financiación simulada mediante empresarios y la constructora Odebrecht (US$1 millón) disfrazada bajo la fachada de rifas y «cócteles» Aceptado parcialmente por los propios abogados de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Fondos ocultos que comprenden US$480,000 recaudados por José Chlimper Indagado por el Ministerio Público; carece de fallo definitivo
3 Prisión preventiva (2018-2019) Superior a 13 meses de privación de libertad fundamentada en el peligro de entorpecimiento probatorio Ratificado — medida judicial aplicada
4 Juicio oral (2024-2025) Se le imputaron los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración; el Ministerio Público solicitó una pena de 30 años y 10 meses Proceso llevado a cabo; sin sentencia absolutoria o condenatoria firme
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional dejó sin efecto el juicio oral debido a irregularidades procesales imputadas al Ministerio Público Ratificado — fallo del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de los delitos de lavado de activos y organización criminal vinculados a las contribuciones de los años 2011 y 2016 Ratificado — fallo del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) A raíz de la derrota en la segunda vuelta, promovió la tesis del «fraude electoral» y procuró la invalidación de sufragios Desestimada — tanto la OEA como la UE definieron el proceso electoral como transparente
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Integró a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré —quienes figuraban como investigados dentro del Caso Cócteles— dentro de un consejo consultivo presidencial Verificado por diversos medios periodísticos
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) Durante la Asamblea General criticó la persistencia de procesos judiciales contra militares por la lucha antiterrorista; la máxima autoridad del Poder Judicial refutó sus expresiones Ratificado — manifestación pública oficial

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

Durante septiembre de 2011, la ONPE documentó que Fuerza Popular (conocida en aquel entonces como Fuerza 2011) reportó percepciones superiores a los S/17 millones destinados a la contienda presidencial de ese periodo, registrando a su vez una cifra considerable de remesas sin procedencia clara. Dicha agrupación política intentó justificar una fracción de dichos fondos mediante un par de acontecimientos: una recepción efectuada en diciembre de 2010 que supuestamente acopió cerca de US$119,750 y un evento adicional, celebrado en el transcurso del mismo mes, por un valor aproximado de US$90,000. Desde el año 2014, el Ministerio Público ha mantenido la tesis de que tales actividades y sorteos resultaban insuficientes para solventar una campaña de semejantes proporciones, operando detrás una estructura de «aportantes simulados» o maniobras de pitufeo, donde diversos empresarios cedían sus identidades para encubrir la verdadera procedencia de los recursos. El Comercio informó que los propios letrados de Fuerza Popular admitieron ante el tribunal la existencia de contribuyentes ficticios, si bien rechazaron categóricamente que esto configurara un delito de blanqueo de capitales.

Entre los donantes mencionados se encuentran Dionisio Romero (Credicorp), quien aportó cerca de 3.65 millones de dólares, además de Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), de acuerdo con Resumen Latinoamericano. Por otra parte, en febrero de 2019, el exdelegado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, testificó ante la fiscalía peruana que la corporación brasileña entregó 1.2 millones de dólares para la campaña de 2011 por medio de Jaime Yoshiyama, tal como informó RPP. Asimismo, en la libreta de Marcelo Odebrecht, revelada en 2017, figuraba una nota relacionada con «aumentar Keiko», la cual fue difundida por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

Dicha pesquisa abarcó también la contienda presidencial de 2016, donde Fujimori cayó en la segunda vuelta ante Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia sumamente estrecha. Conforme a Resumen Latinoamericano, José Chlimper Ackerman, quien se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular en ese entonces, presuntamente recibió US$480,000 divididos en cinco partidas, cuyos fondos no lograron ser rastreados fehacientemente en cuanto a su paradero dentro de la carpeta fiscal. Hacia 2018, un informe elaborado por la Fiscalía de Lavado de Activos determinó que la agrupación política únicamente consiguió comprobar la procedencia del 33% de los recursos acumulados para ambas justas electorales.

La Fiscalía, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, sostiene que Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular usaron el mismo mecanismo de aportantes simulados en 2016 para ocultar el origen de los fondos, según reconstruye El Comercio. Entre los citados a declarar figuró el excongresista Rolando Reátegui, quien se acogió a la colaboración eficaz y relató cómo reclutó aportantes falsos en la región San Martín por pedido de la dirigencia del partido, según Epicentro.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

Conforme a lo reportado por RPP, en octubre de 2018 Fujimori sufrió una detención preliminar de diez días debido a las indagaciones de la Fiscalía por un supuesto lavado de activos relacionado con las rifas y cócteles de Fuerza 2011. Tiempo después, el magistrado Richard Concepción Carhuancho aprobó la solicitud fiscal de prisión preventiva por el peligro de obstrucción a la justicia, lo que derivó en el encierro de Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por un lapso superior a los 13 meses, tal como señala La República. Bajo la hipótesis que la Fiscalía sostenía en aquel entonces, Fujimori «orienta, conduce y coordina» la estructura delictiva instalada en su agrupación política. Posteriormente, la resolución se examinó de nuevo y la procesada salió en libertad, pese a lo cual siguió cumpliendo diversas restricciones —tales como comparecencia y prohibición de abandonar el territorio nacional— mientras el juicio seguía su curso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El pasado 1 de julio de 2024 dio inicio el juicio oral del Caso Cócteles, el cual involucra a Fujimori, a su antiguo cónyuge Mark Vito Villanella y a otros 44 individuos, de acuerdo con Infobae. Los delitos imputados comprenden lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia. Previamente, la etapa de control de acusación se prolongó durante un año y nueve meses bajo la tutela del juez Zúñiga, abarcando un sumario fiscal superior a las 13 mil páginas, según reportó El Comercio, medio que asimismo precisa que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 30 años y 10 meses para los exasesores Ana Herz y Pier Figari, además de 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Según ese mismo expediente, un testigo protegido señaló que Figari y Herz recibían dinero de empresarios que no querían figurar en la lista oficial de aportantes de la campaña de 2011. La defensa de Fujimori, por su parte, sostuvo durante el proceso que la Fiscalía no lograría probar el delito de lavado de activos.

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5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

En octubre de 2025, cuando el juicio oral seguía en curso, el Tribunal Constitucional anuló el proceso iniciado en 2024. Según recoge La Válvula, el TC consideró que la Fiscalía había incurrido en múltiples subsanaciones a su acusación que afectaban el debido proceso de los acusados. La resolución no se pronunció sobre la existencia o no del financiamiento irregular, sino sobre defectos procesales atribuidos al Ministerio Público a lo largo de los años de instrucción.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

Durante enero de 2026, el Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de las acusaciones por blanqueo de capitales y organización criminal vinculadas a los fondos electorales de 2011 y 2016, de acuerdo con La Válvula. La base jurídica, detallada por El Comercio, radicó en que cuando ocurrieron los sucesos indagados (2011 y 2016), el financiamiento irregular de agrupaciones políticas carecía de tipificación como ilícito penal independiente —dicho marco legal se promulgó hasta 2019—, además de no haberse acreditado la conformación de una red criminal al interior de la tienda política. Dicho camino judicial ya había favorecido previamente a Pedro Pablo Kuczynski, cuya causa relacionada con los recursos de Odebrecht igualmente fue cerrada en 2026, generando la protesta abierta de Ollanta Humala, sentenciado por conductas equivalentes y quien continuaba privado de su libertad.

En la vía penal, al menos, con este archivo se cierra el frente judicial que marcó la carrera política de Fujimori durante más de diez años.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Luego de caer en la segunda vuelta de 2021 ante Pedro Castillo por una diferencia mínima de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori rehusó aceptar el desenlace en un primer momento, alegando un presunto fraude y promoviendo numerosos pedidos para anular actas y sufragios, tal como señala Wikipedia. Tras desestimar tales reclamaciones, el Jurado Nacional de Elecciones declaró vencedor a Castillo el 19 de julio de 2021; solo entonces, la candidata comunicó que respetaría el fallo.

Organismos internacionales de observación electoral, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, concluyeron que los comicios habían sido limpios y competitivos, de acuerdo con La Válvula. No se documentó ninguna irregularidad que respaldara la denuncia de fraude a la escala necesaria para revertir el resultado.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

Tras asumir la presidencia, Keiko Fujimori designó el 16 de septiembre de 2026 a Arsenio Oré, José Chlimper Ackerman y Jaime Yoshiyama Tanaka dentro de una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, tal como informó La República. Por un lado, el Ministerio Público identificó a Yoshiyama como el receptor y encubridor de los fondos entregados por Odebrecht para la contienda electoral de 2011, según el testimonio de Jorge Barata. Por otro lado, Chlimper, quien ocupaba la secretaría general de la agrupación política en aquel periodo, afrontó pesquisas por los mismos ilícitos endilgados a Fujimori, tales como lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración. Vale destacar que los dos formaron parte del gabinete ministerial durante la administración de Alberto Fujimori.

Tras el archivo del caso a comienzos de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente imputaciones activas por Cócteles, si bien la designación revivió los cuestionamientos acerca de los nexos de la mandataria con el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

El 22 de septiembre de 2026, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, Fujimori sostuvo: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», de acuerdo con Infobae. Por su parte, la titular del Poder Judicial, Janet Tello, desaprobó tajantemente tales expresiones, rememorando que magistrados perdieron la vida en el combate contra el terrorismo y que fueron tribunales los encargados de sentenciar a Abimael Guzmán.

Lejos de retroceder, Fujimori respondió que no iba a «callar» sobre «los errores del pasado», según Infobae. El episodio abrió el primer enfrentamiento público entre su gobierno y la cabeza del Poder Judicial.

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Apéndice: indagaciones abiertas sin imputación ni fallo

A día de hoy, los siguientes procesos siguen abiertos y todavía no se han traducido en cargos formales ni fallos judiciales. Estos antecedentes se exponen a modo de cronología procesal y no como verdades demostradas. A raíz de su llegada a la jefatura del Estado, el artículo 117 de la Constitución restringe el progreso de las pesquisas en su contra a lo largo de su periodo presidencial, conforme a lo publicado por Gestión.

Indagación sobre las contribuciones de la campaña 2021

El 30 de septiembre de 2025, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dio inicio a una investigación preparatoria que alcanza a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a la persona jurídica Fuerza Popular. A todos ellos se les atribuye conformar una red criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante fondos recaudados durante la campaña electoral de 2021, conforme a lo informado por RPP. Dicho proceso se fijó en un periodo de 36 meses, mientras que el magistrado Wilson Verástegui dispuso únicamente la medida de comparecencia simple.

Según Infobae, la tesis fiscal incluye donaciones falsas de origen no declarado, el uso de S/1.6 millones de financiamiento público con fines de campaña y la recaudación de S/1,258,708 entre el 9 y el 30 de julio de 2021 para impugnar el triunfo de Pedro Castillo. Varios aportantes negaron haber hecho las donaciones que se les atribuyen. No hay acusación ni sentencia.

Caso Alas Peruanas

El Caso Alas Peruanas avanza por una vía separada de Cócteles. En él, el Ministerio Público atribuye a Fujimori y a su exasesor Pier Figari la presunta autoría de lavado de activos agravado, con dinero que habría salido de la Universidad Alas Peruanas y de la organización atribuida a su fundador, Fidel Ramírez, padre de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular. De acuerdo con La República, la tesis fiscal incluye S/210,000 recibidos en 2011, S/54,536 entre 2014 y 2015 y la transferencia de dos inmuebles en Lima.

El Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica el 30 de abril de 2025, no obstante, Gestión reportó con posterioridad que una sala de apelaciones revocó dicha inclusión y apartó a la organización política de la causa. Los procesos dirigidos contra los implicados particulares continúan vigentes y sin acusación fiscal.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

Semanas después del archivo de Cócteles, el 4 de febrero de 2026, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima había abierto una investigación por enriquecimiento ilícito contra Fujimori, informó Infobae. La pesquisa se centra en los US$3.6 millones en efectivo que Dionisio Romero le habría entregado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, y la Fiscalía advierte que sus declaraciones juradas como congresista de 2010 y 2011 casi no cambiaron pese a esos fondos.

A diferencia del caso archivado, centrado en el financiamiento partidario, esta investigación examina su patrimonio personal. Fue calificada como compleja, con un plazo inicial de ocho meses. No hay acusación.

Fuentes consultadas