Un reciente escándalo bautizado como Hondurasgate ha destapado una trama de desinformación que involucra a figuras políticas clave y revela un presunto intento de desestabilización de los gobiernos progresistas en América Latina. Según una investigación de los portales Diario Red y Hondurasgate, la injerencia habría sido orquestada por Estados Unidos e Israel, con la colaboración de actores políticos de la región.
Las filtraciones, consistentes en audios obtenidos entre enero y abril de 2026, implican al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien, tras ser indultado por Donald Trump por cargos de narcotráfico, estaría coordinando la creación de un medio destinado a difundir noticias falsas contra los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia. En las conversaciones también aparece mencionado el presidente argentino, Javier Milei, quien supuestamente habría ofrecido su apoyo financiero al proyecto.
En uno de los audios filtrados, Hernández solicita la transferencia de fondos al presidente hondureño Nasry Asfura con el fin de establecer un centro de operaciones en Estados Unidos que permita gestionar la estrategia desde el extranjero. Esta operación, explican, se dirigiría contra figuras de la izquierda latinoamericana, incluidos los expresidentes hondureños Xiomara Castro y Manuel Zelaya.
Adicionalmente, en otras filtraciones se afirma que el expresidente Hernández habría contado con un respaldo decisivo de Israel para asegurar su liberación dentro de un acuerdo más amplio, y versiones atribuidas al exmandatario apuntan directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu como figura clave en su salida de prisión.
Las revelaciones han generado reacciones inmediatas en la región, pues la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que estos intentos no frenarán la transformación de México, mientras que el colombiano Gustavo Petro criticó con firmeza la presunta injerencia de Israel y Estados Unidos en esta situación.
Por otro lado, Hernández ha desmentido las acusaciones calificándolas como un ataque de la “izquierda radical”, mientras que hasta ahora los gobiernos de Argentina e Israel no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a las alegaciones.
Fuente: La Estrella de Panamá
