Hasta cinco organismos internacionales, entre ellos la Comisión Europea, el Consejo de Europa y Transparencia Internacional, han destacado graves deficiencias en la lucha contra la corrupción en España, y aunque el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en su discurso de «tolerancia cero», los informes evidencian notables insuficiencias en los sistemas de prevención, transparencia y ejecución de reformas esenciales, situando al país bajo una estricta supervisión internacional.
Modificaciones insuficientes y deficiencias estructurales
El Consejo de Europa y su Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) han reiterado que España no ha cumplido las recomendaciones realizadas desde 2013, especialmente en áreas como la regulación de los lobbies, la independencia judicial y la transparencia en la Fiscalía. Según el GRECO, el actual modelo de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refuerza la percepción de politización, y no se han tomado medidas concretas para garantizar la autonomía del sistema judicial.
Por su parte, la Comisión Europea ha descrito la corrupción como un problema que sigue arraigado en España, advirtiendo sobre posibles irregularidades en la financiación de los partidos políticos y en la asignación de contratos públicos. De acuerdo con Bruselas, la ausencia de una estrategia sólida y la escasa aplicación de las normas están deteriorando de forma notable la credibilidad del país dentro del ámbito comunitario.
Carencias de transparencia y cumplimiento de la ley
El informe de Transparencia Internacional señala un deterioro en el índice de percepción de la corrupción, asignando a España apenas 55 puntos sobre 100, una cifra que sitúa al país por detrás de otros referentes europeos como Alemania o las naciones nórdicas, y solo ligeramente por encima de Italia; además, la ausencia de progresos en ámbitos como los conflictos de interés y la limitada capacidad del Consejo de Transparencia para hacer cumplir sus resoluciones intensifican las críticas dirigidas a la gestión del Gobierno.
Falta de una estrategia centralizada
Uno de los aspectos que más inquieta a la OCDE es la amplia dispersión de funciones dentro de la estructura institucional española, donde la falta de un ente central encargado de coordinar la estrategia contra la corrupción ha limitado tanto la supervisión como la coherencia en la aplicación de las medidas. Asimismo, la normativa vigente ha evidenciado una ejecución desigual, especialmente en áreas sensibles como la actividad de los grupos de presión y la administración de la financiación pública.
Respuestas del Gobierno y perspectivas futuras
En julio de 2025, el presidente Pedro Sánchez presentó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, bajo la promesa de reforzar salvaguardias institucionales y atender las recomendaciones internacionales. Sin embargo, organismos como la Comisión Europea y el GRECO han dejado claro que las declaraciones de intenciones no sustituyen a las reformas concretas. Las evaluaciones programadas para 2026 serán clave para determinar si el plan tiene un impacto tangible en la credibilidad institucional del país o si se mantienen los problemas estructurales actuales.
Conclusión: un desafío continuo
La corrupción sigue siendo una preocupación central tanto para el ámbito público como político en España. La presión internacional para abordar estas deficiencias plantea un desafío significativo para el Gobierno, que deberá demostrar su capacidad para implementar cambios sustanciales en el corto plazo.
Procedencia: Libertad Digital https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-04-27/espana-sigue-bajo-vigilancia-internacional-por-la-corrupcion-pese-a-prometer-tolerancia-cero-1b-7394933/
