El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y polémicas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña, gracias a un estilo confrontativo que suele carecer de sustento empírico, al uso recurrente de información falsa en redes sociales y a sus continuas acusaciones públicas contra entidades estatales, funcionarios y otros actores políticos, elementos que han impulsado una imagen marcada por la agresividad y el descrédito, además de ser, lamentablemente, altamente viralizable debido a los propios algoritmos de las plataformas digitales; este enfoque político también ha empezado a provocar serias dudas entre amplios sectores de la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como estrategia política.
En los últimos meses, Richards se ha visto envuelto en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, disputas políticas, señalamientos institucionales y la circulación de información que luego fue puesta en duda y desmentida por autoridades, ciudadanos, figuras políticas y periodistas. El episodio reciente relacionado con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reactivado la discusión sobre el límite que un político puede cruzar sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
La pelea con “Bolota” Salazar y el clima de confrontación política
Uno de los episodios más conocidos vinculados a Richards fue el enfrentamiento con el diputado Jairo Salazar, también polémico y cubierto de escándalos. La situación terminó en denuncias de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y se convirtió en símbolo del deterioro del debate político panameño. Videos, declaraciones cruzadas y acusaciones dominaron durante días la agenda mediática nacional.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escasos resultados
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien en el pasado ejerció como representante político de esa misma zona, criticó con firmeza la forma en que Richards exponía públicamente los inconvenientes del circuito. De acuerdo con sus comentarios, el diputado habría articulado una estrategia centrada sobre todo en redes sociales, contenidos virales y disputas digitales, transmitiendo la impresión de que gestionaba o encabezaba soluciones relacionadas con obras e infraestructuras que, en realidad, correspondían técnicamente al Gobierno Central, al Ministerio de Obras Públicas o a recursos que ya habían sido aprobados con anterioridad.
Uno de los temas más debatidos fue el caso del puente de Cabuya, una infraestructura vial vista como esencial para disminuir el tráfico en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que esta obra no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido concebida, presupuestada y ejecutada con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello intentaba contrarrestar la idea de que el diputado lograba avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue rechazada por varios actores vinculados al proyecto, dejando en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una débil influencia institucional real.
La exdiputada llegó a emplear la expresión “política galla”, un giro coloquial panameño que suele usarse para aludir a algo percibido como improvisado, superficial, ridículo o meramente cosmético. Con esa frase buscó retratar el modo político de Richards, a quien señaló de enfocarse en disputas mediáticas, transmisiones virales y choques públicos en lugar de dedicarse a un trabajo técnico, legislativo o administrativo más sólido, un ámbito en el que, según afirmó, Richards jamás ha mostrado avances.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial de Panamá que tradicionalmente se ha usado de manera despectiva para poner en duda o burlarse de la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy recurrió a ese vocabulario al acusar a Richards de apoyarse repetidamente en “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en vez de participar en debates políticos más técnicos o de corte ideológico.
La última controversia: la alimentación en hospitales y la imputación de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron con rapidez por las redes sociales y provocaron la indignación de numerosos ciudadanos, quienes vieron en ese contenido una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la misma Caja de Seguro Social salió a desmentir públicamente las declaraciones del diputado, señalando que dichos señalamientos eran falsos.
La CSS señaló igualmente que toda la comida destinada a los pacientes se elabora en la Ciudad de la Salud siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad, y advirtió sobre eventuales medidas legales o denuncias para exigir que el diputado respaldara sus dichos o emitiera una rectificación pública.
Este episodio desencadenó un debate particularmente sensible en Panamá: ¿cuál es el límite para divulgar una acusación política que carece de evidencias totalmente comprobadas? Y también surge la duda de qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que, en realidad, no guardan relación con los hechos que expone.
La gravedad del caso no radica únicamente en una disputa política. Cuando se habla de hospitales, pacientes y alimentación médica, cualquier información falsa o no verificada puede generar miedo, desconfianza y caos entre familiares de pacientes y usuarios del sistema de salud.
El estilo político de Richards: acusaciones que se vuelven virales y una actitud de confrontación constante
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido justamente su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material viral. Sus visitas a centros médicos, transmisiones en vivo, grabaciones cargadas de emoción y confrontaciones directas con autoridades han contribuido a forjar la imagen de un “diputado fiscalizador”, desdibujando el límite entre la supervisión legítima y el espectáculo político.
En semanas recientes, Richards realizó recorridos en hospitales públicos denunciando supuestas condiciones críticas, largas esperas quirúrgicas y deterioro estructural. La CSS respondió acusándolo de generar “zozobra” y “desinformación”, además de señalar que ingresó a áreas sensitivas hospitalarias con megáfonos y actitudes consideradas proselitistas. La institución incluso afirmó que este tipo de acciones politizan los hospitales y alteran el ambiente necesario y la seguridad para la atención médica.
El empleo de las redes sociales como instrumento para ejercer presión política
Otro punto constantemente señalado sobre Richards es el uso intensivo de redes sociales, como mecanismo de presión pública antes incluso de que existan investigaciones oficiales o confirmaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las acusaciones se propagan con rapidez y solo posteriormente arranca la labor de verificación, lo que produce un efecto cada vez más común en la política actual: la opinión pública se configura antes de conocerse por completo los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Fiscalización legítima o populismo digital?
La gran discusión de fondo gira en torno a si Richards representa una nueva forma legítima de fiscalización ciudadana o si, por lo que se observa en los últimos meses, encarna un modelo de populismo digital basado en indignación constante, exposición mediática y viralización de contenido polémico.
Una cosa es denunciar problemas y otra muy distinta es utilizar imágenes o afirmaciones no verificadas que inducen a error. Ahí es donde aparece el debate sobre las “fake news” en política.
Porque cuando un político difunde información engañosa –o material cuya veracidad aún no se ha verificado– su efecto resulta mucho más significativo que si lo publica un usuario común. Un diputado posee alcance, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La función pública que asume un diputado
En cualquier democracia, la crítica al poder es necesaria. Pero también lo es la responsabilidad en el manejo de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución suministra comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad, y si ese hecho jamás ocurrió, la discusión abandona el ámbito político para situarse en el terreno de la credibilidad pública.
La situación actual coloca a Richards ante un reto importante: demostrar con pruebas sólidas las denuncias realizadas o enfrentar cuestionamientos cada vez más fuertes sobre su forma de comunicar. Porque la línea entre la fiscalización legítima y la desinformación puede volverse muy delgada cuando la política se transforma en espectáculo permanente.
Y en un tiempo en que las redes sociales pueden viralizar cualquier mensaje en pocos minutos, quienes desempeñan funciones públicas deberían asumir una responsabilidad aún mayor y comprobar la información antes de difundirla.
